Alerta por El Niño: riesgo de inundaciones en siete provincias

Un informe oficial enciende las alarmas

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la probabilidad de que El Niño se mantenga activo entre julio y septiembre es cercana al 100%, con lluvias muy por encima de los valores históricos en varias provincias del centro y noreste del país.

Este fenómeno, conocido técnicamente como El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Ese proceso altera la circulación atmosférica a escala global y, en la región, se traduce en un aumento de las precipitaciones durante primavera y verano.

Un informe de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, advierte sobre el "potencial impacto sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales". Según ese documento, hay 5.476.680 hectáreas potencialmente inundables, con una población estimada de 920.211 personas expuestas al riesgo.

Las provincias bajo mayor vigilancia son:

• Buenos Aires
• Chaco
• Corrientes
• Entre Ríos
• Misiones
• Santa Fe
• Córdoba

También se emitieron alertas para el este de la Patagonia.

Reunión de gobernadores y fondos de emergencia

El tema fue tratado en la última reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, el principal ámbito de coordinación entre el Gobierno nacional y los referentes de La Libertad Avanza. Allí se acordó que, durante la primera semana de agosto, habrá una cumbre en Resistencia, Chaco, con gobernadores del NEA para relevar sus pedidos de asistencia y reforzar la prevención.

Una fuente gubernamental con conocimiento de las conversaciones señaló que, aunque el tema quedó en un segundo plano por la agenda del Mundial, "las provincias que corren más riesgo ya están coordinando internamente porque si no previenen puede ser una catástrofe".

En cuanto al financiamiento, la principal herramienta con la que cuenta el Ejecutivo son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reservados para situaciones de contingencia. La administración de esos fondos quedó en manos del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria. En el Gobierno evalúan flexibilizar los criterios para su otorgamiento ante el escenario climático previsto.