Preska anuló la condena de u$s16.100 millones contra Argentina por YPF

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto la condena de u$s16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF. Lo hizo mediante una sentencia definitiva modificada que incorpora al expediente de primera instancia el fallo favorable al Estado nacional que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito dictó el 27 de marzo.

La obligación de pagar los u$s16.100 millones, fijada en septiembre de 2023, queda anulada en esta instancia. La resolución también rechaza el pedido de los demandantes de postergar el cierre formal del expediente mientras intentan llevar el caso a la Corte Suprema.

Qué resolvió la jueza

La Cámara de Apelaciones había revocado la condena al considerar que los reclamos por incumplimiento contractual de los antiguos accionistas minoritarios de YPF no tenían sustento bajo el derecho argentino aplicable. Preska había fallado en 2023 que el Estado debía indemnizar a los demandantes por no haber presentado una oferta pública de adquisición durante la estatización.

Ahora la jueza adaptó su sentencia original a lo dispuesto por el tribunal de segunda instancia y desestimó la pretensión de los demandantes de mantener abierto el expediente. El tribunal de apelaciones también había rechazado los reclamos contra la propia YPF, que no quedó alcanzada por la condena económica.

La Corte Suprema tiene la última palabra

El litigio no terminó. Petersen Energía y Eton Park recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos para revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones. El recurso fue presentado a comienzos de octubre y está vinculado con Burford Capital, firma de financiamiento de litigios que adquirió derechos económicos del reclamo.

El máximo tribunal debe decidir primero si acepta intervenir. Si rechaza el pedido, se mantiene la decisión favorable a la Argentina. Si lo acepta, se abre una etapa cuyo resultado no está definido.

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que la magistrada dejó sin efecto su sentencia anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el tribunal de apelaciones.

El origen del conflicto

El caso se remonta a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, impulsada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese paquete pertenecía a Repsol, que controlaba la petrolera.

Los accionistas minoritarios sostuvieron que el Estado debía realizar una Oferta Pública de Adquisición al tomar el control de la compañía. Al no concretarse, iniciaron el reclamo por los perjuicios económicos. El proceso comenzó en 2015, después de que Burford Capital adquiriera derechos vinculados con la demanda de las sociedades Petersen, relacionadas con la familia Eskenazi, que habían comprado una participación minoritaria antes de la estatización.

Repsol, en cambio, alcanzó en 2014 un acuerdo de compensación con la Argentina por unos u$s5.000 millones en bonos soberanos.